La concesión de la licencia de actividad al tanatorio de la calle Gabarrari dos meses después de que el TSJPV declarara nula la licencia de obra, es por parte del alcalde de Hondarribia Txomin Sagarzazu y del PNV un desafío a la justicia y una irresponsabilidad. El alcalde hace caso omiso a las resoluciones judiciales sin importarle las repercusiones que puedan tener sus actos, como las posibles responsabilidades patrimoniales que recaerían en la ciudadanía.
La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tiene sus consecuencias, como la sentencia del TSJPV de marzo de este año, que implica que la licencia de construcción otorgada en su día a Inmorekalde 21 es nula, y debe iniciarse un nuevo procedimiento administrativo en base a las Normas Subsidiarias de 1997. Y en dichas normas, se prohíbe en Gabarrari cualquier actividad no relacionada con el sector marítimo-pesquero.
Nos parece muy grave que el informe favorable de la arquitecta municipal se sustente en la recomendación del abogado de confianza del PNV, el mismo que defendió la validez del PGOU anulado por el Tribunal Supremo, y el mismo que defendió la validez de la licencia de construcción, anulada por el TSJPV.
Es una decisión política, no técnica. Y no se puede entender sin que haya intereses ocultos.
Por todo ello le pedimos al alcalde que respete de una vez las resoluciones judiciales, que admita los recursos que vayan a presentarse, y que, en base a los intereses de la ciudadanía, dé marcha atrás y anule la licencia de primera actividad al tanatorio.