Valoración de Abotsanitz sobre la anulación definitiva del PGOU
En primer lugar, nos gustaría hacer una cronología del tema
- En 2003 comenzó el proceso del plan general.
- 14 años después, se aprobó el 8 de junio de 2017, con los votos a favor del PNV.
- En mayo de 2020 llegó la primera resolución de anulación del TSJPV, luego han venido otras tres.
- El 23 de julio de 2020 se aprobó recurrir la primera sentencia con los votos del PNV (luego vendrían las otras tres).
- El 12 de febrero de 2021 ha llegado la inadmisión del Tribunal Supremo.
En 2017 pedimos tiempo, porque creíamos que había errores formales. Y pedimos tiempo para poder consultar a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi sobre esos defectos de forma. Nos dijeron de todo, que mentíamos, que estábamos manipulando, que estábamos contra el pueblo, que estábamos locos.
Las anulaciones del Tribunal Superior y la inadmisión a trámite del recurso por parte del Supremo, nos han dado la razón. El documento aprobado en 2017 no cumplía los mínimos legales, lo que supone la anulación de todo el plan general.
Los efectos de la anulación son terribles
- Un juzgado ha tenido que suspender una decisión política del Pleno porque no cumplía la legalidad.
- Esta decisión, además, tiene retroactividad, es decir, es como si la normativa que hemos tenido desde 2017 no hubiera existido.
- Como consecuencia de la decisión de esta semana, el instrumento urbanístico vigente en Hondarribia son las Normas Subsidiarias aprobadas en diciembre de 1996.
- Todo el trabajo realizado entre 2003 y 2017, y los 800.000 euros pagados -como mínimo-, no ha servido para nada.
- Las decisiones urbanísticas basadas en el plan general anulado a partir de 2017 quedan fuera de la norma: el tanatorio, las casas construidas en varios barrios, Zaldunborda, el planeamiento del Cubo de la Magdalena, algunas acciones del plan de Movilidad, el Plan Especial de Mendelu, el del Casco Viejo, etc.
- Todo ello causará perjuicios económicos y patrimoniales a muchos ciudadanos y empresas. Y por estos daños, debería preverse la petición de indemnizaciones al Ayuntamiento.
- Para terminar, no podemos dejar de mencionar la pérdida de prestigio que este proceso ha supuesto al Ayuntamiento de Hondarribia.
Es hora de exigir responsabilidades, económicas y políticas
Avisamos en 2017. Le dijimos al alcalde que seguir adelante era seguir adelante con todo, y que cuando hubiera consecuencias, le pediríamos ineludiblemente responsabilidades.
Le pedimos que no siguiera adelante con la decisión del Tribunal Superior y le hemos pedido que no siga adelante con cada recurso. No sólo nosotros, todos los grupos de la oposición.
Pero el alcalde no solo ha menospreciado la petición de la oposición. Txomin ha menospreciado las resoluciones judiciales y la jurisprudencia en la que se basaban. Por ejemplo, cuando decía que la sentencia era desproporcionada, o cuando decía que no afectaba al planeamiento urbanístico, o cuando decía que la sentencia les daba la razón.
Y a las y los hondarribiarras no les ha dicho la verdad, les ha dicho que la vía del recurso tenía posibilidades, les ha dicho que el plan general estaba vigente, ha seguido desarrollando el plan, y eso deja decenas de familias afectadas.
El alcalde Txomin Sagarzazu y el PNV son los únicos responsables de lo que ha ocurrido y es la hora de exigir responsabilidades económicas y políticas.
Responsabilidades económicas, porque la anulación del Plan General provocará daños patrimoniales que deberían ser asumidos por el alcalde Txomin Sagarzazu y su partido.
Y las responsabilidades políticas… No somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Pero por todo lo expuesto anteriormente, si fuera nuestro caso, dimitiríamos, sin ninguna duda.
Pero también es hora de mirar hacia delante
Por un lado, porque la ciudad tiene una norma urbanística, las normas subsidiarias de 1996, y tenemos que aprovechar esas normas. Entre otras cosas, porque permiten construir las viviendas públicas de Damarri y Presa, y diseñar el espacio de actividad económica de Zubieta. Además, estas normas permiten el urbanismo táctico, por ejemplo, para mejorar los barrios más necesitados, como Mendelu o Kosta.
Por otro lado, porque hay que desarrollar un nuevo Plan General. Y porque en el proceso del plan general tendremos tiempo para diseñar con calma la Hondarribia del futuro. Una ciudad que fomente la participación real; que tenga en cuenta la opinión de los barrios y de la ciudadanía; que garantice que los hondarribiarras puedan vivir y trabajar en su ciudad; que apueste por la cohesión social; que asiente las bases de un pueblo más sostenible…
Pero también en esto debemos mostrar preocupación por la actitud el gobierno municipal.
En julio de 2020 se decidió iniciar el proceso del nuevo plan general con los votos de todos los partidos. Es muy grave que el alcalde haya dicho esta semana que se está desarrollando el plan, cuando no ha habido ni una sola reunión entre los partidos para acordar las bases del documento.
Es más, haciendo caso omiso de lo que dicen las sentencias anulatorias, también dice que el PGOU se basa en la base y en el trabajo desarrollado anteriormente, y que se aplicarán las decisiones que se han tomado desde junio de 2017.
Es decir, por un lado, están desarrollando el plan general sin consultar con nadie. Y por otro lado, están haciendo lo contrario de lo que dice la ley y de lo que han ratificado los tribunales, porque el Tribunal Superior, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Supremo, dictaminó que la anulación afecta a la integridad del plan general.
Están haciendo lo mismo que hicieron en 2017.