El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado por cuarta vez el Plan General de Hondarribia aprobado en 2017 únicamente con los votos del PNV. Y esta vez añade que es absurdo aprobar un plan general sin informe de telecomunicaciones y sin informe de suelos de alto valor agrológico.
El plan general aprobado no cumplía los mínimos legales y a los hondarribitarras nos costó 800.000 euros.
Y ahora, cada recurso tiene un elevado coste económico y crea desconocimiento jurídico. Y habrá afectados. Afectados por las decisiones adoptadas en base al plan general.
Pero eso al PNV le da igual, porque no es su dinero el que está en juego, sino el de los hondarbitarras.
¿Cuánto nos cuesta cada recurso? ¿Cuánto costarán las indemnizaciones? ¿Quién las pagará? ¿Cuánto va a costar a los hondarribiarras esta absurda cruzada del gobierno municipal?
Pedimos al alcalde Txomin Sagarzazu que responda a estas preguntas.
