Esta semana han comenzado las obras del tanatorio de la calle Gabarrari. Es otro escándalo urbanístico en toda regla, por varias razones.
Por un lado, porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictaminado que el plan general es ilegal. A pesar de ello, Sagarzazu permite que las obras sigan adelante, aún sabiendo que cuando la sentencia sea firme estarán fuera de la ley, con las consecuencias derivadas de ello.
Por otro, porque en Gabarrari sólo pueden instalarse actividades económicas ligadas al sector naútico-marítimo. Y un tanatorio no está entre esa clase de actividades, tal y como lo corroboró la agencia Ura en 2019, elaborando un informe contrario al proyecto. Por eso la empresa y el PNV han hecho trampa, sustituyendo del proyecto la palabra ‘tanatorio’ por ‘edificio singular’.
Y por último, porque debido al coronavirus todas las obras menores de la ciudad están paralizadas, porque el ayuntamiento no da permisos desde marzo. Pero está claro que sólo las obras de los hondarribiarras de segunda están paralizadas. A los poderosos el gobierno municipal les pone la alfombra roja, aunque sea para ejecutar obras ilegales.
El PNV lo ha vuelto a hacer, otra trampa, otra mentira, otro escándalo urbanístico, otro pelotazo. Y el pueblo de Hondarribia ya está harto.
